Aparece presunta red de corrupción en terrenos en la costa de Yucatán

La costa norte de Yucatán, conocida por su riqueza natural y valor turístico, enfrenta una creciente crisis institucional por la presunta operación de una red de corrupción que involucra a autoridades municipales de distintos partidos y a operadores legales con antecedentes de señalamientos públicos.

Municipios como Dzemul, Telchac Puerto e incluso Ixil han sido escenario de denuncias por abusos de poder, invasiones territoriales y actos administrativos fuera de la legalidad. Uno de los casos más recientes tuvo lugar en el kilómetro 27 de la carretera Progreso–Telchac Puerto, donde inspectores enviados desde el Ayuntamiento de Dzemul clausuraron negocios fuera de su jurisdicción, en un predio confirmado como perteneciente a Progreso por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (INSEJUPY).

La clausura fue revertida por intervención de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, luego de que se evidenció que no existía notificación previa ni sustento jurídico, lo que puso al descubierto una posible estrategia de presión e intimidación encubierta bajo la legalidad.

Ariel Omar Herrera Flores, asesor jurídico del Ayuntamiento de Dzemul y también del de Telchac Puerto, ha sido señalado como uno de los operadores clave de esta red. Diversas fuentes lo acusan de aplicar esquemas de cobros indebidos, presión a empresarios y manipulación del marco legal, bajo el respaldo de los alcaldes José Wilberto “Willy” Flota Aké (Movimiento Ciudadano) y Edmundo Núñez (PRI).

“Willy” Flota, reelecto en 2024, enfrenta acusaciones públicas por su estilo de gobierno autoritario. Según la Auditoría Superior del Estado, tiene más de 29 millones de pesos en recursos sin comprobar, mientras testimonios locales apuntan a un manejo patrimonialista del Ayuntamiento, incluyendo incrementos de impuestos injustificados y presiones sobre tierras ejidales.

Esta operación recuerda las prácticas de apropiación ilegal de terrenos impulsadas durante el sexenio de Rolando Zapata Bello, cuando —según denuncias— desde el Catastro Estatal, encabezado por Mario Peraza Ramírez, se creó un esquema para registrar propiedades en terrenos federales o privados bajo figuras como el “fundo legal municipal”.

Pese a la magnitud del daño patrimonial, los responsables de esa estructura no han sido sancionados y varios continúan en cargos políticos.

La expansión de estas prácticas hacia otros municipios costeros como Telchac Puerto e Ixil, donde se reportan nuevos intentos de apropiación de tierra, ha encendido las alertas entre la ciudadanía, el sector empresarial y diversas organizaciones.

Especialistas y activistas exigen acciones contundentes por parte del gobierno estatal y federal: auditorías independientes, investigaciones penales, sanciones ejemplares y mecanismos de participación ciudadana para evitar que la legalidad sea utilizada como herramienta de despojo.

“El respeto al estado de derecho no puede ser negociable, ni utilizado para intereses particulares”, coincidieron habitantes consultados.

En juego no está solo el territorio costero, sino la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. La costa de Yucatán no puede seguir siendo rehén de redes de corrupción operadas desde el poder municipal.

Esta nota se basa en información pública, documentos oficiales y denuncias ciudadanas. Toda persona aludida tiene el derecho de ejercer su réplica conforme a la ley.